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NOV. 03 (Roberto Cortez).– La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las auditorías al Instituto Nacional Electoral (INE) determinarán si existen elementos para presentar denuncias penales contra Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo, y otros posibles responsables de irregularidades en las contrataciones electorales.
Acciones oficiales para investigar irregularidades en el INE
Afirmó que las investigaciones abarcarán administraciones anteriores a 2023 y la gestión que concluyó con la salida de la exfuncionaria.
La mandataria informó que el auditor superior de la Federación presentó ante la Cámara de Diputados los avances de la fiscalización al instituto. Explicó que se profundizará la revisión de los ejercicios posteriores a 2023 y se examinarán contrataciones de administraciones anteriores, ante los señalamientos sobre empresas proveedoras de documentación y materiales electorales.
“Una vez realizada esa auditoría, pues si hay un asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República“, declaró Sheinbaum al responder sobre la posibilidad de proceder contra Taddei.
La presidenta agregó que las irregularidades administrativas deben atenderse por las autoridades competentes y que la FGR tiene la obligación de investigar las denuncias que reciba. Su respuesta surgió después de que legisladores, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, plantearan la necesidad de investigar a la exconsejera.
Reacciones y contexto político sobre la fiscalización al INE
El pronunciamiento coincide con nuevas investigaciones periodísticas que denuncian que empresas vinculadas con los proveedores señalados en el caso obtuvieron contratos por mil 803 millones de pesos en organismos electorales de 17 estados.
Sheinbaum también vinculó la concentración de contrataciones con la reforma electoral de 2014, que otorgó al INE facultades para designar a los consejeros de los organismos públicos locales electorales. Sostuvo que esa modificación fortaleció la concentración de decisiones en el instituto y pidió examinar el desarrollo de los contratos desde administraciones anteriores.
Frente al llamado del Consejo Coordinador Empresarial para defender la independencia del INE, la mandataria afirmó que la autonomía debe garantizar la voluntad popular, pero no impedir la fiscalización de recursos. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie”, sostuvo, al asegurar que cualquier funcionario que haya cometido corrupción debe enfrentar las sanciones correspondientes.
La revisión deberá establecer si las contrataciones investigadas presentan irregularidades, quiénes intervinieron y si existen elementos para abrir procedimientos penales. Sheinbaum sostuvo que el INE debe salir fortalecido de este proceso ante las elecciones de 2027, cuya organización exige mantener la operación institucional mientras avanzan las auditorías. (iM-rrc).
