©Rafael Victorio Ruiz
Trabajo a migrantes
Hasta el momento, solamente habitantes de Guatemala y Belice –en el caso de Centroamérica- tienen ese derecho y pueden obtener la Tarjeta de Visitante-Trabajador Fronterizo (TVTF) con vigencia de un año, con autorizaciones de entradas y salidas múltiples en los estados de la frontera sur: Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Los originarios de El Salvador, Honduras y Nicaragua, no pueden hacerlo, al menos que cuente con una Tarjeta de Residente Temporal (TRT), tramite y pague sus derechos, pero para ello tendrá que haber de por medio una oferta de empleo de persona física o moral en la que indique la actividad a realizar, temporalidad requerida y los datos de la constancia de inscripción del empleador ante la autoridad migratoria. En el caso de actividades independientes, deberán adjuntar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste la ocupación a la que se dedicará y el lugar en el que desarrollará las actividades, debiendo adjuntar en su caso, comprobante de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Las leyes hasta el momento no establecen que un solicitante de asilo o refugio y un migrante con Tarjeta de Visitante Regional, pueda trabajar en territorio mexicano, aunque todo parece indicar que el gobierno federal ha decido contratar a 25 mil migrantes de diversas nacionalidades para que trabajen en los Ayuntamientos municipales de las regiones Soconusco y Sierra de Chiapas, en el marco de una estrategia de empleo temporal en los programas Sembrando Vida Migrante, Emergencia Social, Viveros Forestales y el de Sistema Producto-Empresas, con pagos de salarios que van de los cuatro mil a los seis mil pesos mensuales, más lo que gana un mexicano o del salario mínimo vigente.
Hemos dado cuenta en este espacio que sectores productivos han tenido problemas para contratar mano de obra calificada guatemalteca, principalmente en el café, porque las autoridades migratorias no han entregado los permisos de empleadores o argumentan que carecen de la papelería y “micas”, para realizar los trámites en las garitas de Casa Roja en Talismán y con ello se pone en riesgo a ese sector que en unas semanas iniciará la cosecha. En el caso de los bananeros, solamente les permiten contratar a jornaleros chapines, no de otras nacionalidades.
Al conocerse que serán los municipios quienes contratarán a extranjeros que ingresaron irregularmente a territorio nacional, surgen las interrogantes: ¿Qué pasará con los actuales empleados mexicanos que trabajan en limpieza de calles, parques y jardines, sectores a los que se dedicarán los migrantes? ¿Se seguirá la política de candil de la calle y oscuridad de la casa? Las autoridades tienen que hacer las aclaraciones pertinentes. Primero los nuestros.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) Chiapas tiene una población económicamente activa de 1.9 millones de personas, ligadas a los sectores agropecuarios, industria manufacturera, extractiva y electricidad, la construcción, el comercio, el transporte, las comunicaciones, los servicios y en la burocracia de todos los niveles de gobierno, sin embargo de ellos 260 mil no reciben ingresos –es decir, trabajan en sus propias parcelas para el autoconsumo-, unos 850 mil ganan menos del salario mínimo y 502 mil, de uno a dos salarios mínimos. Por ello resulta contradictorio que se privilegie el empleo para los migrantes en lugar de los nacionales.
Se ha dicho que en el norte del país el gobierno federal ha hecho acuerdos con empresas maquiladoras para ofrecer 40 mil empleos a migrantes mientras esperan que Estados Unidos apruebe su solicitud de asilo, situación que puede tardar meses y se ofrece que no tendrán problema para las contrataciones, pero los documentos que les otorga México para su estancia en territorio nacional no incluye permisos laborales.
Se toma al programa Sembrando Vida como base para contener los flujos migratorios de centroamericanos y ya se hizo con El Salvador, mientras que en los próximos días se podrían reunir los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Honduras, Juan Orlando Hernández, para evaluar la crisis migratoria regional y suscribir la incorporación de esa nación en el Programa de Desarrollo Socioeconómico del Triángulo Norte de Centroamérica que busca evitar el fenómeno irregular hacia los Estados Unidos.
Las autoridades federales aseguran que el programa Sembrando Vida es el que está generando empleos, sumado a los proyectos de la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, el tren Maya y la reconstrucción de viviendas afectadas por sismos, pero ojalá que sea en su mayoría para los mexicanos, aunque todo parece indicar que se prefiere a los extranjeros para quedar bien con el gobierno norteamericano y frenar las migraciones de centroamericanos, pero esa salida podría agudizar la salida de los nacionales que también se van a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.
A escena
Ayer fue detenido el notario público Horacio Culebro Borrayas y aunque en principio él mismo lo quiso hacer aparecer como un acto de persecución por denuncias en contra del exgobernador Juan Sabines Guerrero, pero resulta que se le relaciona con delitos de fraude específico, falsificación de documentos y asociación delictuosa en la Causa Penal 10/2019, por sus actividades profesionales. Hasta donde se sabe, hay decenas de denuncias contra fedatarios que están siendo procesadas… Por cierto, el fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, envió un mensaje directo a líderes de organizaciones sociales que en los últimos días han realizado bloqueos carreteros y quemas de vehículos de empresas privadas, en el sentido que no se tolerarán acciones y conductas antisociales que violenten las libertades de terceros, aunque se manifiesta la apertura al diálogo de la administración que encabeza Rutilio Escandón Cadenas… Hasta la próxima. (iM-rrc)
