VENEZUELA:
Cuando la política se olvida de la gente.
Hablar de Venezuela ya no es solo hablar de política, de ideologías o de un conflicto internacional. Es hablar de un pueblo, de personas y familias que no tienen qué comer, de jóvenes que se van porque en su país ya no ven futuro, de madres y padres que luchan todos los días por sobrevivir en medio del abandono y el miedo.
Durante años, el pueblo venezolano ha cargado con el peso de malas decisiones, abusos de poder y un gobierno que poco a poco se fue alejando de su gente. La economía se desplomó, el dinero dejó de alcanzar, los servicios básicos fallaron y la vida cotidiana se volvió una batalla. Hoy, millones de venezolanos viven en pobreza y otros millones han tenido que dejar su tierra, no por gusto, sino por necesidad.
Cuando un país llega a este punto, la pregunta ya no es quién tiene la razón política, sino quién está pagando las consecuencias y en este caso la respuesta es evidente: la gente común.
En el plano político, el gobierno de Nicolás Maduro ha cerrado espacios, ha perseguido a quienes piensan distinto y ha limitado la libertad de expresión. Cuando opinar se vuelve peligroso y protestar se castiga, la democracia deja de existir, aunque sigan celebrándose elecciones. La democracia no es solo votar; es poder hablar, trabajar, emprender y vivir en paz.
Este contexto ha provocado que otros países, especialmente Estados Unidos, intervengan con sanciones, presiones y acciones justificadas, según ellos, por la relación del régimen venezolano con el narcotráfico y el crimen organizado. Desde fuera, se presenta como una lucha contra un gobierno corrupto y criminal, pero desde dentro, muchas veces se vive como otra carga más sobre los hombros del pueblo.
Aquí aparece una verdad incómoda; toda confrontación entre gobiernos suele tener daños colaterales y casi nunca los pagan quienes están en el poder. Las sanciones, el aislamiento y la tensión internacional terminan afectando al trabajador, al comerciante, al estudiante, al campesino; a la gente que solo quiere vivir tranquila y progresar con su esfuerzo.
Al mismo tiempo, tampoco se puede usar la idea de “soberanía” para justificar el sufrimiento de un pueblo. Ningún gobierno tiene derecho a decir que todo está bien mientras su gente pasa hambre, huye del país o pierde la esperanza. La soberanía no puede ser una excusa para la represión ni para cerrar los ojos ante el dolor humano.
La crisis venezolana nos deja una lección clara: cuando el poder se concentra y se olvida de servir, la libertad se pierde poco a poco y sin libertad, no hay progreso, no hay trabajo digno, no hay oportunidades y por lo tanto no hay futuro.
Pero también nos recuerda algo fundamental; los pueblos no están hechos para vivir sometidos. Las personas nacen con el derecho a elegir su camino, a mejorar su vida, a quedarse en su país porque quieren, no porque no tienen a dónde huir. El éxodo venezolano es la prueba más dura de que algo se rompió profundamente entre el Estado y su gente.
Hoy, Venezuela está atrapada entre un gobierno que perdió el rumbo y una presión internacional que no siempre pone en primer lugar a la población. En medio de todo esto, el pueblo sigue resistiendo, buscando sobrevivir, soñando con un país donde trabajar valga la pena y vivir no sea un privilegio.
Defender la libertad no es apoyar a un país u otro. Es defender el derecho de cada persona a vivir con dignidad, a levantar la voz sin miedo y a construir un futuro mejor para sus hijos. Ningún proyecto político vale más que la vida humana.
Venezuela no necesita más discursos huecos ni más desgracias para su gente, necesita políticos y políticas que pongan a la gente en el centro. Necesita gobernantes honestos y de buena voluntad, porque cuando la política se olvida del pueblo, el pueblo termina pagando el precio más alto.
