Función y disfunción de las instituciones.
Cada acción que los gobiernos ejercen a través de sus instituciones generan grandes repercusiones en su sociedad, dejando al descubierto su funcionalidad o disfuncionalidad para enfrentar las demandas.
En esta semana 3 instituciones fundamentales vivieron cambios que esperemos pronto estén a la altura de los intereses nacionales.
En el Instituto Nacional Electoral se sustituyó a su presidente y 3 consejeros que concluyeron su encargo. A pesar de que muchos ven con recelo las ligas con Morena de sus nuevos integrantes, habrá que esperar su desempeño en el cumplimiento de las metas democráticas esperadas, que mucho dependerá de las reacciones personales de los consejeros cuando algún alto funcionario o líder de partido político quiera influir en sus decisiones. Tienen el derecho a la duda y sólo deseamos que actúen con verticalidad e imparcialidad.
Lo sucedido en la estación migratoria de ciudad Juárez, Chihuahua donde murieron calcinados 39 migrantes, es la muestra cruel de la disfuncionalidad del Instituto Nacional de Migración, que lejos de atender y gestionar el fenómeno migratorio, todo lo corrompe y lo convierte en una desgracia. A raíz de este problema ahora se pretende sustituirlo por un organismo colegiado, compuesto por instituciones gubernamentales y religiosas, excluyendo la participación de asociaciones civiles autónomas.
Asimismo el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ha entrado en una disfuncionalidad parcial, a falta del nombramiento de sus integrantes por parte del Senado y el veto presidencial, un caso que preocupa ya que se trata de una de las principales instituciones que garantiza la transparencia y el acceso a la información pública sobre los actos de gobierno.
Sustituir a unas personas por otras en las instituciones o sólo cambiarles de nombre, no necesariamente significa que éstas vayan a brindar mejores resultados.
Cuando las instituciones dejan de funcionar, lo prudente es que se revisen sus procesos para implementar nuevos métodos de trabajo, programas y políticas públicas, que respondan a los problemas reales por los que actualmente atraviesa nuestro país, para así lograr consolidar instituciones verdaderamente funcionales.
