Por Jose Luis Gálvez Gómez
Politólogo
Consultas Ciudadanas, escondite de decisiones perversas.
Existe un amplio estudio, discusión y análisis sobre la democracia participativa que especialistas y demandantes han tratado durante mucho tiempo, descubriendo sus virtudes en cuanto a la forma en que los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones sobre los grandes problemas que aquejan a una nación.
En nuestro país ha sido una lucha constante en los últimos tiempos, sobre todo en lo que se refiere a otras versiones democráticas como la iniciativa ciudadana, el referéndum y el plebiscito como auténticas vías de participación social en la vida nacional.
La Consulta ciudadana ha sido una bandera de los movimientos democráticos de izquierda y partidos políticos opositores durante tantos años, que terminó por dar origen a la Ley Federal de Consulta Popular.
Esta ley, marca claramente que una consulta popular deberá llevarse a cabo el mismo día de la jornada electoral federal, es decir, cuando se renueve la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias o cuando se renueve la totalidad del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, o sea cada 6 años y sólo cuando se trate de temas de gran trascendencia nacional; asimismo, sólo corresponde al Instituto Nacional Electoral organizar y ejecutar dicha Consulta Popular.
De acuerdo a los tiempos legales, la forma en convocar o solicitar una consulta popular son: a través del Presidente de la República, por cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, con el 33% de sus integrantes o por el número equivalente al 2% del listado nominal de los ciudadanos mexicanos.
A pesar de existir esta legislación, la consultas populares o consulta ciudadana ya se han realizado para fines pragmáticos en algunos casos muy específicos, siendo utilizadas frecuentemente por el hoy Presidente de México durante su mandato al frente del Gobierno del Distrito Federal.
Ganada la Presidencia de la República, por obvias razones éstas no podían faltar y se han convertido en un pilar para la toma de decisiones de Estado, pero que legalmente no han tenido ninguna validez ya que no se han realizado de acuerdo al procedimiento jurídico antes descrito, provocando con ello, que dicho recurso ciudadano este siendo desvirtuado, manipulado y utilizado para el logro de intereses gubernamentales populistas, para el convencimiento de las masas con miras a la elección del próximo año, para la probable recuperación de una legitimidad perdida o para el mantenimiento en el poder del nuevo partido hegemónico.
Por tales razones, las consultas populares lejos de haberse convertido en una forma de participación ciudadana, están sirviendo para mantener altos índices de popularidad y una legitimidad demagógica, usándolas como base para tomar decisiones de gobierno para grandes inversiones y para armar un circo político legaloide, explotándolas al extremo para satanizar tanto a la clase empresarial como a los opositores del nuevo régimen.
Las primeras consultas que se hicieron fueron, por ejemplo, para determinar la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, para construir las instalaciones de la Guardia Nacional, para echar andar el megaproyecto del Tren Maya, para detener la instalación de una Cervecera en Mexicali y para definir la vía de paso de un gasoducto en Sonora. Pero Hoy se cocina, la madre de todas las consultas, la más redituable, por cierto, para tomar la decisión del enjuiciamiento de los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
La consulta popular está sirviendo para esconder las verdaderas intenciones, decisiones y objetivos de un gobierno que le interesa más la política electoral y el espectáculo mediático, que la propia economía y la salud de todos los mexicanos.
Hoy las decisiones políticas del Estado con sus instituciones y sus leyes, han quedado supeditadas al capricho de una consulta ilegal y sirviendo como escudo protector, de un gobierno que esconde sus más perversas intenciones a través de la manipulación de las masas.
Casualmente, los verdaderos deseos del mandatario nacional se convierten en los resultados de las mismas consultas ciudadanas.
La Consulta popular o ciudadana, que debería servir como fortalecimiento de una democracia, ahora son violadoras del Estado de Derecho. (iM-rrc)
