©Rafael Victorio Ruiz
Organizaciones delictivas
La delincuencia, disfrazada de organizaciones sociales ha tomado el poder en la región fronteriza; Suchiate y Tuxtla Chico son ejemplos claros de encubrimiento y abuso de autoridad. Como en muchas regiones del mundo y de nuestro país, la delincuencia ha invertido recursos para financiar campañas políticas, pues desde ahí controlan policías, presupuestos y operan con toda impunidad. Ahora el gobierno del Estado, no solo se enfrenta al delito en las calles o en las organizaciones criminales, sino que, desde las mismas estructuras del poder, en puestos de la administración o de elección popular se hallan incrustados representantes de los grupos que durante años han vivido del chantaje y de actividades ilícitas.
El gobernador Rutilio Escandón, hereda de la administración anterior un ambiente de ingobernabilidad, manifestado en invasiones, toma de carreteras, tráfico de migrantes, delincuencia, entre otros; pero que a través de las pasadas elecciones muchos grupos lograron colocar en puestos claves a su gente incondicional, que ahora les brinda protección y facilita el fortalecimiento de los grupos criminales.
Ante las acciones de desalojo que en un año de administración superan las ocho mil hectáreas en la entidad, los responsables responden con una secuela de crímenes, amenazas y agresiones, en virtud a que en las administraciones anteriores no sólo no se actuó para restablecer el Estado de derecho, sino que se toleró innumerables acciones de despojo y criminalidad, incluso a través del control que ejerció de las elecciones, se permitió que personas ligadas a grupos delincuenciales participaran y ganaran puestos en las alcaldías municipales.
Uno de esos ejemplos es el municipio de Suchiate, en donde después de tres años de una invasión, las autoridades estatales y federales procedieron al desalojo en el ejido Cuauhtémoc el pasado 23 de agosto, pero esos hechos ya cobraron una vida, la de Maximino Pereyra Gómez, asesinado el pasado 17 de noviembre, quien llevaba tres meses al frente de un equipo realizando trabajos en los predios desalojados, pero el asunto no paró ahí, sino que el pasado 4 de diciembre y después de haber reanudado las actividades productivas para el cultivo de banano, personas desconocidas le prendieron fuego a la maquinaria utilizada por los productores y la destruyeron, afectando con ello a toda la comunidad que se mantiene en un alto grado de temor.
Ha sido evidente la complicidad de la presidenta municipal de Suchiate, Sonia Eloina Hernández Aguilar, quién desde que inició su gestión tuvo en su equipo de trabajo a varios invasores; no participó en el desalojo y se sabe que el día previo a la acción del gobierno sus colaboradores pidieron parcelas a cambio de su intervención. En Suchiate no hay garantías para trabajar ni para vivir, parece que son temas que no le ocupan a la autoridad local que al permitir ese tipo de acciones impide que puedan llegar nuevas inversiones o que los productores impulsen el cultivo de banano.
Sin embargo, no hay que perder de vista que el líder detrás de todo este proceso delictivo es René González Pérez, padre la actual presidenta municipal de Tuxtla Chico, Deysi Elizabeth González Aguilar y dirigente de la Central Campesina Cardenista, quienes también, a través de las estructuras del municipio han seguido respaldando la invasión; en días previos al asesinato del representante de los ejidatarios de la comunidad Cuauhtémoc, Maximino Pereyra, fue vista dentro de los predios a una de las lideresas de los invasores identificada como Gladys “N”, en el vehículo de Eliseo González Pérez, hermano del presidente de la CCC, tío y asesor de la alcaldesa.
Se ha dicho que esa familia se había apoderado de más de 60 hectáreas de los terrenos invadidos y ya habían realizado inversiones, aunque también que los trabajadores que ahí estaban asignados cobraban en el Ayuntamiento de Tuxtla Chico y con el desalojo le quitaron el negocio.
Ciertamente, es probable que algunos participantes en la invasión hayan sido engañados, pagaron por sus parcelas y puedan estar enojados, sin embargo, todo mundo en la región sabía que era una invasión, hoy es fácil desviar la atención argumentando que es una zona de riesgo, pero hay responsables y ellos tienen nombre y apellido. Los gobiernos anteriores permitieron las tomas de tierras y no se aplicó la ley, consecuencia de lo anterior se han registrado actos de violencia y crímenes que ahora tocan enfrentar a la administración de Rutilio Escandón, quien ha sido reconocido por los sectores productivos por proceder conforme a derecho.
Lo más grave del asunto es cuando existen autoridades locales evidentemente vinculadas a los hechos; no importa que ahora digan que ya no están metidos en el asunto que originaron, como es el caso de René González, dirigente de la CCC que hoy controla al municipio de Tuxtla Chico a través de su hija. Y es que el asunto del ejido Cuauhtémoc en Suchiate no solo se trató de una invasión y un desalojo, ya hay una persona muerta y destrucción de maquinaria, pero además toda una comunidad productiva en riesgo y eso debe ser atendido por las autoridades.
Se sabe además que entre los líderes que aparecen de la invasión se encuentran Josué Cifuentes Calderón, actual Síndico del Ayuntamiento de Suchiate; Adán Juárez Méndez, director de Ecología del Tuxtla Chico; aparte de algunos centroamericanos encabezados por María Esther Altamirano Godínez y su esposo Otoniel Reyes Hernández, quienes viven en el ejido Miguel Alemán del mismo municipio de Suchiate y han sido señalados por 11 detenidos durante el desalojo como los cabecillas de las acciones ilícitas aunque no se ha procedido legalmente en contra de ellos.
A escena
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, por cierto, rindió su primer informe de administración ayer en el Congreso del Estado, precisamente a un año exactamente de haber tomado posesión; sectores productivos, sociales y empresariales, han reconocido las acciones emprendidas para restablecer el estado de derecho… Hasta la próxima.
(iM-rrc)
