Ataques al poder judicial, una artimaña para la concentración del poder.
A partir del 28 de mayo, día en que ciudadanos inconformes salieron a las calles para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desalojando a quienes ahí permanecían en plantón; los ataques aumentaron en su contra por parte de todo el aparato de gobierno y del poder Legislativo, radicalizando la polarización entre los mexicanos.
Es evidente que se trata de una situación manipulada desde los otros poderes, que buscan hacer ver a la Corte como la principal culpable de la impunidad, la corrupción y hasta de la inseguridad en el país; cuando estos cánceres sociales siempre han sido provocados por los grupos políticos que sexenio tras sexenio abusan del poder.
El gobierno argumenta que con sus decisiones se está obstaculizando la transformación del país. La han sentenciado de pretender llevar a cabo un “Golpe de Estado Técnico”, al declarar inconstitucionales las iniciativas presidenciales.
El problema está, en que el Presidente pretende gobernar a decretazos, manda sus iniciativas a los diputados y senadores y éstos muy obedientes violan todos los proceso legislativos; o sea, no quieren respetar lo que marca la Constitución y sus leyes; no quieren rendir cuentas de nada a nadie y menos del dinero que se ha gastado en las obras del Tren Maya, La Refinería Dos Bocas, el AIFA o el Tren Transítsmico.
Parece que al Presidente ya se le olvidó que en su toma de protesta juró defender la constitución y conducirse bajo las leyes que de ella emanan; y es que nuestro país está regido por preceptos basados en el equilibrio de poderes que no permiten el abuso del poder, que ampara la legalidad, el Estado de Derecho y pone por encima de las decisiones unilaterales, la institucionalidad del ejercicio gubernamental; en otras palabras, es un sistema donde nada ni nadie puede estar por encima de la ley.
Convocar desde el ejecutivo y el legislativo para que los magistrados sean electos por el voto popular, es querer politizar al poder judicial poniendo magistrados a modo. Quieren someterlo para romper la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Quieren magistrados con 90% de lealtad y 10% de capacidad.
Si nos damos cuenta, los ataques al INE cesaron porque entraron los aliados al régimen y ahora no hay nadie que les prohíba a las corcholatas hacer campaña abierta, con recursos públicos y en horarios laborables.
Nos estamos dirigiendo hacia una etapa muy complicada y peligrosa; una etapa por la que ya han pasado varios países en Latinoamérica, donde los presidentes han desconocido sus propias leyes y han atacado al poder judicial hasta desaparecerlo para imponer su propia ley, su propio Estado.
