©GEORGINA OLSON
En 2020 la Fiscalía capitalina recibió tres mil 245 denuncias más de agresiones familiares que en 2019.
Apunto de cumplirse un año del primer caso de covid-19 en el país, el próximo sábado, la pandemia ha significado un incremento en la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México.
De enero a noviembre de 2020 Locatel recibió nueve mil 694 llamadas por violencia familiar, 48.5 por ciento más que en el mismo periodo de 2019, y en 2020 la Fiscalía local atendió 27 mil 767 denuncias por violencia familiar, tres mil 245 más que en 2019.
Para las expertas en la materia, la respuesta del gobierno es insuficiente y el principal problema es que el Ministerio Público sigue dudando de las afirmaciones de las mujeres sobre que están en riesgo y la policía no interviene con la rapidez que se requiere.
El 3 de febrero pasado, Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la ciudad, abordó el tema en una reunión con diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local en donde destacó que la violencia familiar es el delito más denunciado en la capital.
“En 2020, 27 mil 767 mujeres denunciaron violencia familiar ante el Ministerio Público, es el 14% del total de las denuncias presentadas, es una cifra cercana a la suma de todos los delitos de alto impacto denunciados. En síntesis: la violencia familiar es el delito más denunciado en la ciudad y lamentablemente es en donde menos avances tenemos en la Fiscalía”, le dijo Godoy a los legisladores.
La fiscal se refirió a que cuando una mujer llega al Ministerio Público es porque llegó al límite, sin embargo no todos los funcionarios están conscientes de este hecho.
“Hemos visto varios casos de mujeres que estaban en situación de riesgo y que se logran escapar del agresor y cuando por fin llegan al MP les dicen ‘Señora, pero ¿qué hace aquí? Estamos en pandemia, la indicación es no salir de casa, regrese a su casa’ y las mandaban de regreso poniéndolas en riesgo de ser asesinadas”, afirmó Marilú Rasso, directora de Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia.
La experta indicó que estas acciones desestiman el testimonio de la mujer y la desaniman a denunciar cuando lo que tendría que hacer el funcionario es escucharla sin prejuicios, proteger su integridad y brindarle seguridad.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, A.C., aseguró que hubo otros casos en los que la mujer fue a que le extendieran la orden de protección de su agresor y los funcionarios lo negaron ya que la mujer no traía un golpe o un moretón. “Nos parece sumamente grave, porque no hay actuación inmediata de las autoridades”, puntualizó.
Para Rasso y Figueroa, el problema de fondo es que muchos agentes del MP no creen en las mujeres.
“Se enfrentan a funcionarios públicos misóginos y tendría que haber una garantía de que si un funcionario comete ese tipo de actos de discriminación se les tendría que suspender”, aseveró Figueroa. México ha invertido muchísimo dinero en capacitación de funcionarios en cuestiones de género y yo no creo en eso porque no se ven los resultados”.
Marilú Rasso opina que el problema de fondo es que los prejuicios tienen más peso que una capacitación, por ello el gobierno local debe buscar la forma de combatir y sancionar esos prejuicios.
Lo grave con el confinamiento por covid-19 es que la violencia se exacerbó, pero las autoridades y la policía tardan o usan excusas para evitar intervenir en el conflicto familiar.
Otro problema, apuntan las expertas, es el código Águila, un botón de pánico en casa de una víctima para solicitar ayuda en caso de que el agresor se presente en el domicilio, aunque esa ayuda tarda mucho tiempo, más de lo requerido.
“La realidad es que el gobierno no tiene el número de personal necesario para resguardar las casas de las mujeres para que el agresor no entre”, aseguró Wendy Figueroa. (iM-rrc)
