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- El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el Estado mexicano fue responsable de la desaparición forzada de Christian Téllez, quien fue visto por última vez cuando fue detenido por policías de Veracruz.
Por primera vez, un órgano de Naciones Unidas señaló la responsabilidad del Estado mexicano por el delito de desaparición forzada.
En un comunicado, la asociación civil IDHEAS, que presentó el caso ante la ONU, informó que el pasado 5 de agosto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un dictamen contra el Estado Mexicano por el caso de desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, en el estado de Veracruz.
Christian, un estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México, desapareció el 26 de octubre de 2010, luego de ser detenido por elementos de la policía intermunicipal de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán, en Veracruz.
De acuerdo con IDHEAS, ese día dos patrullas sorprendieron a Christian, quien viajaba en su automóvil y, sin mediar palabras, ocho policías rodearon su vehículo, le apuntaron con armas de fuego, lo bajaron a golpes y se lo llevaron a bordo de una camioneta tipo pick up. Desde entonces está desaparecido.
La madre del joven desaparecido dijo que, además, no resguardaron el automóvil donde viajaba Christian, mismo que fue encontrado al día siguiente de la detención en un terreno baldío.
También indicó que testigos presenciales señalaron al agente intermunicipal Pablo García García participó en la detención y fue señalado como presunto responsable de la desaparición de Christian; sin embargo, no hubo un interrogatorio ministerial hacia él.
Por estas irregularidades, la organización IDHEAS presentó este caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en noviembre del 2015.
En el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el organismo consideró que “el Estado mexicano no ha proporcionado una explicación suficiente y concreta para rebatir las afirmaciones de la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla. Por consiguiente, los hechos del presente constituyen una desaparición forzada”.
Además, recalcó que a nueve años de su desaparición, las investigaciones realizadas se han “dilatado excesivamente”, sin que el Estado mexicano haya justificado el retraso. por lo tanto, ordena dar con su paradero, investigar, sancionar y reparar de forma integral a las víctimas, ordenando además que se tomen las medidas necesarias era evitar que hechos así se repitan.
(iM-rrc)
