Excélsior
OCT. 01 (Laura Toribio).– Padres de familia del CCH Sur condicionaron el regreso a clases presenciales a la instalación de detectores de metales fijos y un sistema de credencialización, además de nuevas medidas que, por primera vez, incluyen su participación directa en rondines de vigilancia dentro y fuera del plantel.
Durante la mesa de diálogo, que reunió a más de 300 madres y padres a una semana del asesinato de Jesús Israel “N”, los padres acusaron a la UNAM de omisiones históricas. Recordaron que las mismas demandas ya se habían planteado durante el paro de 2022 y tras el ataque a una alumna en abril pasado, cuando se denunció que las cámaras no funcionaban.
Señalaron directamente al rector Leonardo Lomelí Vanegas por no haberse presentado en la mesa: “Es una falta de respeto que mande a sus empleados y él no dé la cara. Suben videos diciendo que todo está bajo control, pero aquí nunca se ha parado”, acusaron.
Aunque funcionarios defendieron que “no se parte de cero” y que desde hace años existen patrullajes, rondines y reuniones con instancias externas, los padres respondieron: “Si todo eso ya estaba, ¿por qué mataron a un alumno dentro del plantel? No queremos discursos ambiguos, queremos hechos. No venimos a pedir, venimos a exigir”, repitieron
Las madres y padres advirtieron que las medidas llegan tarde y son reactivas. “Después del niño ahogado quieren tapar el pozo”, reprocharon, al recordar que desde 2021 existía un plan maestro de seguridad con credencialización, cámaras, protocolos y luminarias que nunca se implementó. “Si se hubiera cumplido, no habría ocurrido el homicidio”, lamentaron.
El encuentro se extendió más de cuatro horas en la explanada del Colegio, frente al altar con flores y veladoras en memoria de Jesús.
Una de las principales demandas fue la atención psicoemocional de la comunidad. “Nuestros hijos están quebrados social y emocionalmente”, expresaron los padres quienes propusieron espacios de acompañamiento psicológico.
“Prefiero que mi hijo repruebe y pierda un semestre y no que lo maten”, expresó un padre, al exigir además que durante la crisis no se evalúe a los alumnos.
Las autoridades reconocieron la falta de especialistas. Como medida emergente, anunciaron que a partir del 6 de octubre se incorporarán 16 psicólogos adicionales, al menos durante un mes.
Uno de los momentos más tensos fue la discusión sobre los detectores de metales. Exigieron que sean fijos, no manuales, que se ubiquen en la entrada principal y en el estacionamiento de profesores, y que se presente un diagrama de su colocación. Las autoridades respondieron que la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario trabaja en un proyecto integral con torniquetes, lectores de credenciales, reconocimiento facial y detectores de metales. Como primer compromiso, ofrecieron entregar el próximo viernes un cronograma de actividades con fechas de implementación y convocar a una nueva reunión de seguimiento el lunes.
En el tema de cámaras, los padres insistieron en que no basta con que existan, deben grabar, almacenar y permitir consultas en caso de incidentes. Se acordó que cada mes una empresa externa certificará su funcionamiento y publicará los reportes en la página del plantel.
La vigilancia interna también fue un punto de fricción. Los padres consideraron insuficiente el número de elementos para custodiar las más de 11 hectáreas del CCH Sur y cuestionaron su capacitación. Las autoridades se comprometieron a entregar por escrito, el viernes, la cifra exacta de vigilantes por turno y la formación con la que cuentan.
Los acuerdos alcanzados serán revisados por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, que sesionará el 3 de octubre. Una nueva mesa con padres de familia se programó para el 6 de octubre. (iM-rrc).
