©Carlos Z. Cadena
El gobierno federal y estatal, coordinan esfuerzos para combatir la corrupción y abatir la impunidad
*En cada una de las dependencias estatales, se investiga y se sanciona cualquier acto de corrupción
Una vez más y siguiendo con el tema de “Cero corrupción”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas acudió a una reunión de trabajo con la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en la que acordaron coordinar esfuerzos para seguir fortaleciendo las estrategias que permitan prevenir y erradicar la corrupción y abatir la impunidad.
“Esta nueva etapa nos convoca y responsabiliza a todos para que, desde nuestras trincheras, logremos que la Cuarta Transformación del estado y del país sea una verdadera revolución de conciencias que nos permita sacar adelante nuestras tareas de forma comprometida con la sociedad, con base en principios y valores”, expresó al tiempo de agradecer la cooperación del Gobierno Federal para potencializar las tareas que ya se realizan en Chiapas.
El mandatario resaltó que en la entidad se trabaja siguiendo el ejemplo del presidente López Obrador, quien desde el inicio de su gobierno ha implementado medidas para eliminar por completo las malas prácticas que afectan al desarrollo y crecimiento del país.
Por su parte, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros aseguró que la SFP del gobierno de México trabaja para construir una nueva ética pública en la que todos, sin excepción, cumplan con sus obligaciones y sean parte de un país más honesto, por ello se profundiza la colaboración para cerrar espacios a la corrupción, para trabajar juntos y compartir información y experiencias que permitan fortalecer el cumplimiento de la ley y construir una cultura de integridad.
Finalmente, Escandón Cadenas agregó que tal como ha exhortado el presidente López Obrador, se implementan mecanismos para recuperar la confianza de la gente en sus instituciones, por ello, dijo, a través de la SHyFP se fomenta la cultura de la legalidad en cada una de las dependencias estatales, se investiga y se sanciona cualquier acto que traicione la confianza del pueblo de Chiapas. Así las cosas.
Empresarios locales se preparan ante la inseguridad que priva en Tuxtla Gutiérrez.
Ante la grave situación que se ha acentuado en Tuxtla Gutiérrez, con el problema de la inseguridad pública, donde los robos, asaltos y crímenes se han puesto de moda, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del centro de Chiapas, Alfonso Cruz Niño, advirtió que empresarios locales buscaran una manera de adquirir dispositivos que permitan brindar mayor seguridad en la capital de Chiapas.
El escenario de inseguridad ha empezado a despertar conciencias, que, en Tuxtla Gutiérrez, es mejor “renovarse que morir”, ante el fenómeno de delitos de robos que se han venido cometiendo, situación que no había ocurrido en otros gobiernos anteriores, al grado de que hay temor entre la misma población, sin que le dé la menor importancia el alcalde Carlos Morales Vázquez.
Cruz niño fue al grano: “Son necesarias, por eso yo invito a los hoteleros, a las agencias de viajes, algunas acosadas últimamente por el robo, que vengan y compren sus cámaras, porque esto va a ayudar a la Procuraduría a identificar mejor a los delincuentes”, señaló.
Explicó que a pesar de que en la entidad hay crisis financiera, buscan las medidas necesarias para que los comerciantes y empresarios puedan adquirir equipos de seguridad como una medida preventiva.
“Ya los empresarios nos hemos manifestado al ver que no hay reactivación económica; sin embargo, este tema es necesario, ya que la seguridad brinda certidumbre no sólo a las empresas, sino también a los que compran el servicio”, expresó. En fin.
El mapache detrás del “bonillazo”
Este fin de semana el periodista Salvador García Soto, en su muy gustada columna titulada “Serpientes y Escaleras”, denuncia que en el entuerto reeleccionista y fraudulento de Baja California, además de la mano ejecutora de Jaime Bonilla, el gobernador electo morenista y sus pactos inconfesables para darle impunidad al mandatario saliente del PAN, Francisco “Kiko” Vega, también está la autoría intelectual y jurídica del abogado priista Amador Rodríguez Lozano, exsenador de la República y afamado “mapache” u operador electoral.
Dice que el Tijuano- chiapaneco Amador Rodríguez Lozano, hoy es un operador cercano de Bonilla y a quien se menciona como su próximo secretario de Gobierno del estado, fue quien ideó, diseñó y redactó la reforma constitucional que, a la medianoche del 8 de julio, y en una sesión extraordinaria del Congreso local, hizo modificar el artículo 8 transitorio de la Constitución de Baja California para ampliar la duración de la gubernatura que inicia este 1 de noviembre, de dos años, como se votó en las urnas, a cinco años de duración.
Rodríguez Lozano dice ser originario de Tijuana. Fue senador y diputado por el PRI, cercano a Jorge Carpizo, con quien colaboró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En Baja California buscó ser candidato a gobernador por el PRI en 2001, pero alegando falta de equidad, renunció al priismo y fue candidato del PT; en 2006 fue candidato de la Coalición por el Bien de Todos al Senado y también perdió. A partir de su fracaso en BC se fue a Chiapas invitado por el gobernador perredista Pablo Salazar Mendiguchía.
Asumió como coordinador general de gabinete y representante del gobierno del estado de Chiapas en el DF. Se encargaba de redactar proyectos legislativos y lo presentaban como “estratega electoral”. Fue autor del polémico proyecto que desapareció la Gran Comisión de Congreso del Estado para crear la Comisión de Régimen Interno, con la cual el gobernador Salazar le quitó el control a la mayoría del PRI. El proyecto fue desechado por una controversia constitucional.
Al finalizar el sexenio de Salazar, fue enviado a coordinar la campaña de Juan Sabines, pero este se opuso y prefirió nombrar coordinador a su amigo, Ángel Córdova Toledo. El resultado fue un desastre: en varios distritos aparecieron “casillas zapatos” adjudicadas al PRD-CIOAC, y ante el caos, la mano de Rodríguez Lozano y sus oficios políticos en el centro, impidieron el recuento de votos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio el triunfo a Sabines por diferencia de 0.5%.
En premio, Sabines lo ratificó como Coordinador del Gabinete y Representante en el entonces Distrito Federal. A sugerencia de Amador, Sabines reformó la Constitución estatal para cambiar de nombre a la Procuraduría General de Justicia por Ministerio de Justicia y él mismo fue nombrado “Ministro de Justicia”. En esa época protagonizó un hecho bochornoso: apareció en los medios de comunicación hablando del decomiso de “varias toneladas de cocaína”. Una semana después tuvo que salir a aclarar que “era lactosa en polvo”. Después de eso renunció y le regresaron su nombre a la Procuraduría.
Pero continuó como gurú electoral y en 2009 impulsó una reforma para suspender los comicios de 2010 para elegir ayuntamientos y en su lugar proponían que los legisladores asumieran como presidentes municipales y éstos de diputados. Una controversia constitucional revirtió el burdo y absurdo proyecto. Hasta ahí parte de lo que escribió el periodista Salvador García Soto en su “Serpientes y Escaleras” de El Universal. Dixe. (iM-rrc)
