©LAURA TORIBIO
Durante cinco años, Disability Rights International indagó las violaciones a los derechos humanos en estas instituciones.
El uso de cuartos de aislamiento y el empleo de sujeciones físicas y/o químicas son parte de las violaciones a derechos humanos que enfrentan personas con discapacidad, incluidos niños y niñas, en instituciones como orfanatos y hogares colectivos en México.
En el informe Crímenes de Lesa Humanidad, décadas de violencia y abuso en las instituciones para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad, Disability Rights International (DRI) documentó un patrón de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos contra personas con discapacidad viviendo en instituciones que también incluyen abuso físico, sexual, y esterilizaciones forzadas.
“En la institución Hogares de la Caridad en el estado de Jalisco, por ejemplo, DRI encontró a un niño de 17 años con autismo envuelto en una sábana, amarrado con cinta adhesiva y encerrado en una jaula”, ejemplifica el reporte presentado ayer.
De acuerdo con el informe, resultado de una investigación de cinco años, las condiciones peligrosas y la atención inadecuada en estas instituciones han provocado altas tasas de mortalidad.
“En la institución siquiátrica El Batán, por ejemplo, las autoridades informaron que al menos 98 de aproximadamente 300 personas en la institución han muerto en los últimos dos años. El director de la institución dijo que la alta tasa de muerte se debió al ‘mal uso de los medicamentos sicotrópicos’, una admisión de negligencia médica grave en la institución”, refiere el documento.
Tras realizar investigaciones y visitas de monitoreo a 55 instituciones públicas y privadas en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Yucatán, donde viven al menos cuatro mil niñas, niños, adolescentes y adultos, DRI encontró que en ocho de cada diez se dan prácticas como sujeciones físicas, químicas y aislamiento.
En el informe, DRI advierte que, en la mayoría de estas instituciones, las personas con discapacidad son detenidas indefinidamente, a menudo hasta que mueren.
Las únicas dos excepciones, indica, son el hospital Fray Bernardino, en la Ciudad de México, y el Instituto de Salud Mental, en Tijuana, Baja California, que no permiten la institucionalización a largo plazo y sólo aceptan pacientes cuyos familiares firman documentos declarando que regresarán por ellos y se los llevarán”.
Desde al año 2000, DRI ha documentado graves abusos hacia personas con discapacidad que viven en instituciones. Sin embargo, Lisbet Brizuela, directora para México de DRI, concluyó que en los últimos 20 años nada ha cambiado.
Destacó que la cultura de la impunidad que impregna el país continúa permitiendo que se cometan abusos y violaciones de los derechos humanos contra niños y adultos con discapacidad que viven en instituciones, pues los abusadores no son responsables.
“El hecho de que tan poco haya cambiado en México demuestra no sólo una cultura de impunidad para los violadores de derechos humanos, sino algo más: la perpetuación intencionada y consciente de prácticas con tal severidad y en tal escala que equivalen a crímenes de lesa humanidad”, concluye el informe. (iM-rrc)
